AGRAVIO AL PERIODISMO

Juan Ángel Fernández, encargado de prensa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca durante la anterior administración, resultó un muy aventajado discípulo de Tabaré Vázquez, que en su momento señaló en declaraciones públicas una suerte de “eje del mal” de publicaciones periodísticas. Fernández, por su parte, redactó un index minucioso en que se califica a 34 periodistas del ámbito rural y le adjudica a 22 de entre ellos valoraciones tales como “no serios”, “no confiables”, “inescrupulosos”, “no trabajadores”, “críticos del gobierno”, “sin dominio del tema”, “comerciales”, “no queridos en el ambiente”, “no merecedores de la atención de las autoridades”, “enrabados a blancos o colorados”, o “despreciativos de la izquierda”.

Por supuesto que recomienda a las autoridades del Ministerio —el documento no puede tener otro sentido— atender y dar avisos solamente a aquellos que aprobaron con buena nota su escrutinio inquisidor. Se trata de un portentoso y desembozado agravio a la libertad de trabajo de los periodistas. Que, para peor, no ha sido objeto de un claro repudio y condena por parte de las autoridades de gobierno. Más preocupante aún, se dice en el medio que Fernández fue designado en el Mgap por el presidente Mujica, entonces jerarca de esa Secretaría de Estado, de quien el aspirante a Goebbels había sido un estrecho colaborador.

Leído de cabo a rabo —el documento fue publicado en la edición de “Búsqueda” de la semana pasada— no es posible sino concluir que ese documento es el más grave agravio al trabajo de los periodistas del que se tenga noticia en Uruguay desde el final de la dictadura. Que un informador oficial, que debiera estar equitativamente al servicio de toda la prensa sin distinción de clase alguna, se dedique a redactar un documento torpe, separando “buenos” y “malos” periodistas y recomendando que solamente se atienda a algunos, e incluso sugiriendo destinos exclusivos para la cuenta oficial de avisos va más allá de cualquier límite conocido.

Al parecer, el reconocido autor del libelo era un candidato firme a ocupar la secretaría de prensa del Congreso de Intendentes y sigue gozando de abundante publicidad oficial en los programas radiales que produce. Fuera del repudio unánime de sus colegas, Fernández no ha sido objeto del contundente correctivo oficial que hubiera sido imperiosamente necesario para dejar bien en claro que las autoridades son ajenas a políticas discriminatorias en cuanto al trabajo de periodistas y medios.

Al menos esta vez, y afortunadamente, una Asociación de Periodistas del Uruguay (APU) que hace años dejó de condenar los agravios oficiales a la libertad de prensa con el tono indignado que aplicaba en los anteriores gobiernos, esta vez reaccionó repudiando el suceso y señalando que hacía pensar en las prácticas de la dictadura.