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Mujica apostó a la negociación y al diálogo franco y manejó directa y personalmente la negociación, para lo que hizo valer su buena relación con la Presidente Cristina Fernández y su gesto anterior al votar a Néstor Kirchner para la Unasur.
Tuvo, además, la habilidad de retomar las conversaciones cuando se congeló el ámbito creado en torno a los Cancilleres, a partir de la insólita conducta del Ministro argentino Timerman, que intentó sustituir la diplomacia por el Twitter, en una actitud frívola que estuvo cercana a la irresponsabilidad.
Fue interesante además que el Gobierno informara de inmediato a los líderes de la oposición, que elogiaron la posición oficial.
Hasta allí todo bien, aunque conviene recordar que Uruguay y Argentina tienen otras cosas pendientes, todas importantes. Es claro que el acuerdo del miércoles contribuye a recrear un clima de mayor confianza y entendimiento, pero no debe creerse por ello que de ahora en más todo será fácil y de inmediata solución. Hay y habrá pleitos y el gobierno uruguayo deberá mantener su actitud de paciencia y de habilidad para seguir obteniendo resultados positivos.
Con relación al Río Uruguay, el acuerdo significa la aplicación de la sentencia de la Corte de Justicia de La Haya, que nos obliga, a ambas naciones, a un monitoreo conjunto de la calidad de las aguas del Río, lo que la Comisión Administradora del mismo, la CARU, ya ha venido realizando. El acuerdo de los Presidentes impone la novedad de que también se hará un monitoreo de las emisiones gaseosas que puedan acceder al Río, lo que no estaba previsto en la sentencia de La Haya, pero Uruguay no se negó a esa instancia.
El Comité de científicos que se instala en el ámbito de CARU podrá controlar una vez por mes los establecimientos agroindustriales de ambas márgenes, indicándose que se comenzará por Botnia y por la desembocadura del Río Gualeguaychú, que, según se ha informado, puede presentar índices negativos. Luego se alternarán los controles de un lado y del otro. El monitoreo será amplio, ya que incluye a “todos los establecimientos industriales, agrícolas y centros urbanos que vuelcan sus efluentes al Río Uruguay y su áreas de influencia”.
Ahora falta que la CARU reglamente algunos aspectos del acuerdo, como, por ejemplo, el procedimiento de se seguirá en caso de que los científicos delegados, dos por cada país, no se pongan de acuerdo respecto a alguna medición o control;; o que ocurre si hay diferencias entre el dictamen de los científicos y los organismos nacionales encargados de cuidar el ambiente, como la DINAMA, Dirección de Medio Ambiente de Uruguay, que actualmente realiza monitoreos diarios a la planta de Botnia.
Pero en cualquier caso, y aún cuando algunos aspectos del acuerdo parezcan excesivos –como la habilitación a realizar un monitoreo por mes– se ha logrado un avance que permite forjar un nuevo tiempo en las relaciones de los países y en la administración del Río, que tiene que ser otra vez una bisagra y no un límite.
Como era de esperarse, los asambleístas de Gualeguaychú no están conformes. Ninguna solución iba a conformar a los radicalizados y frustrados activistas, por lo que su nueva protesta no va a llamar la atención.
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