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Nuestro país vivió, entre 1973 y 1985, una dictadura que conculcó libertades y violó los derechos humanos. Fue la dramática culminación de un ciclo de violencia comenzado en 1963 cuando una guerrilla armada resolvió por sí y ante sí iniciar en el Uruguay de la época una revolución inspirada en la cubana. Se abandonaba la rutina electoral propia de la democracia y se empleaba la violencia contra personas y bienes, con el fin de tirar abajo las instituciones democráticas. Fueron años duros, en que la guerrilla se enfrentó al Estado, representado por la policía. En 1971, a pocos meses de la elección nacional, una masiva fuga de la cárcel llevó al gobierno y Parlamento de la época a encargar a las Fuerzas Armadas de ese combate. Triunfaron en el terreno militar y luego se desbordaron en el terreno político, llevando el país a esa dictadura, con la complicidad del Presidente de la época, el Sr. Bordaberry, a quien finalmente también desalojaron los militares antes de cumplir sus 5 años.
Esa es, en síntesis, la “historia reciente”, que nos dejó secuelas tremendas, que los gobiernos democráticos, desde 1985 en adelante, trataron, cada uno a su modo, de restaurar. Lo irreparable era irreparable, lo posible se fue haciendo, mientras el país volvía a disfrutar a plenitud de sus derechos y libertades.
Así hemos llegado hasta hoy, con un nuevo gobierno que desde que asumió, sólo ha hecho reabrir heridas, decirle a cada uno lo que quiera oír, vivir en el doble discurso permanente y jugar con una opinión pública harta de vivir anclada al pasado.
A la ciudadanía le prometió que cumpliría la ley de caducidad, pacificadora ley votada por el pueblo, a la que ha violado de todos modos, arbitrariamente, estableciendo casos en que cabe investigar y casos en que no, según un criterio caprichoso.
A los familiares de desaparecidos les dijo que seguiría hasta el final en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes de la dictadura y ya van dos veces, en que anuncia un punto final, incluso hace pocos días al detener la búsqueda de desaparecidos.
A los militares les dijo que los hechos serían investigados, pero nadie sería juzgado, conforme a la amnistía legal, y hoy existen unos cuantos presos.
En una vuelta de tuerca más de esa dualidad instaurada como política, ha mezclado a Artigas con el tema del pasado reciente y, por añadidura, su reelección, todo ello envuelto en una convocatoria personal a que le sigan quienes deseen, bajo el título del “Nunca más”.
De buena fe mucha gente cree del caso acompañarle y no le cuestionamos. Es el testimonio del deseo fervoroso de que terminemos estos debates que nos encadenan a los excesos de la guerrilla y a los desmanes de la dictadura. A esta altura, sin embargo, lo único claro es la confusión, lo único claro es que se han acentuado las divisiones, lo único claro es que el Presidente quiere mostrarse por encima de partidismos y divide a todos con su doble discurso.
Primero atropelló a las fechas patrias y dijo que el 19 de julio sería la única a festejar con un gran desfile, como si el 18 de julio o el 25 de agosto no tuvieran un enorme significado. Luego dijo que allí habría un “nunca más” a la violencia, que incluía toda la violencia, la guerrillera y la militar. Después la volvió a cambiar y quedó claro que era sólo contra el terrorismo de Estado. Esto lo anuncia, además, entreverado con su rechazo a la reelección.
El balance a esta altura es rotundo. El Frente Amplio está dividido sobre el tema, a tal punto que mientras unos propugnan una inviable anulación de la ley de caducidad, otros pugnan por terminar con este debate. Los militares también, en grado tal que se oyó por vez primera en muchos años a un Comandante en Jefe cuestionar severamente la situación. Los familiares de desaparecidos, a su vez, organizan una contramarcha por aparte, sintiéndose defraudados. En los partidos tradicionales hay opiniones diversas. El Directorio blanco concurrirá, pero el Presidente Lacalle dice
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